Alertan por crisis en el sistema de salud de Yucatán
Mérida, Yucatán, 13 de octubre de 2026.— La falta de medicamentos, las dificultades para recibir atención médica en comunidades rurales y los problemas de salud mental volvieron al centro de la discusión pública en Yucatán, luego de que el diputado local y dirigente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, advirtiera sobre las deficiencias que, según señaló, afectan el acceso de la población a los servicios sanitarios.
El legislador sostuvo que el principal desafío no consiste únicamente en disponer de recursos económicos, sino en garantizar que estos se traduzcan en consultas, tratamientos, personal médico e insumos suficientes para atender las necesidades de la población.
Quintal afirmó que numerosas familias deben recurrir a farmacias particulares para adquirir medicamentos que no encuentran en las instituciones públicas, una situación que representa una carga económica adicional, especialmente para quienes cuentan con ingresos limitados.
Falta de medicamentos y dificultades para recibir atención
Entre los casos que expuso se encuentra el de un niño de seis años, originario de Holcá, comisaría de Espita, cuyos padres recurrieron a la justicia federal para conseguir un medicamento necesario para tratar una enfermedad degenerativa poco frecuente. El caso, ocurrido en mayo, evidenció las dificultades que pueden enfrentar algunas familias para mantener sus tratamientos.
A esta situación se suman las declaraciones realizadas en agosto por el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Juan Carlos Arana Reyes, quien reconoció que el suministro de medicamentos continúa siendo uno de los desafíos del sistema sanitario en Yucatán.
Asimismo, durante septiembre se difundieron denuncias de pacientes y familiares relacionadas con la presunta falta de materiales, insumos y personal médico en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán.
Estos señalamientos han alimentado el debate sobre la capacidad de las instituciones para ofrecer atención oportuna y garantizar la continuidad de los tratamientos.
La desigualdad también afecta a las comunidades rurales
Otro de los puntos señalados por el dirigente priista es la diferencia en el acceso a los servicios médicos entre Mérida y las localidades del interior del estado.
En comunidades rurales y comisarías mayas, explicó, la distancia hacia los centros hospitalarios, la disponibilidad de médicos, la falta de ambulancias y las limitaciones para realizar estudios especializados pueden dificultar la atención de enfermedades y emergencias.
Quintal también hizo referencia a situaciones de violencia institucional denunciadas en el ámbito sanitario, particularmente aquellas que afectan a mujeres, y pidió que se garantice una atención respetuosa y libre de violencia.
Datos sobre acceso a la salud y salud mental
Las cifras citadas por el legislador muestran la dimensión de los retos. De acuerdo con datos del CONEVAL correspondientes al periodo de 2018 a 2022, la población de Yucatán con carencia por acceso a los servicios de salud aumentó aproximadamente 21 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 35.1 por ciento.
En materia de salud mental, el diputado destacó que Yucatán registró en 2025 una tasa de 13.7 suicidios por cada 100 mil habitantes, frente a una media nacional de 6.7, según las cifras del INEGI mencionadas en su posicionamiento.
Estos indicadores ponen sobre la mesa la necesidad de fortalecer tanto la atención médica general como los servicios de prevención, detección y acompañamiento psicológico.
Exigen revisar el uso de los recursos públicos
El señalamiento adquiere relevancia en el contexto del presupuesto estatal de 2026, que asciende a alrededor de 66 mil 379 millones de pesos, de los cuales se contemplan aproximadamente 8 mil 584 millones para el rubro de Bienestar Social para la Salud, de acuerdo con las cifras citadas por el legislador.
Ante este panorama, Gaspar Quintal anunció que el PRI impulsará una mayor fiscalización del gasto y una propuesta de atención para los 106 municipios de Yucatán.
El dirigente sostuvo que la evaluación del sistema no debe limitarse a la construcción o inauguración de hospitales, sino considerar si las personas reciben los medicamentos que necesitan, encuentran personal médico disponible y pueden acceder a servicios de calidad sin enfrentar obstáculos económicos o geográficos.
La discusión sobre la atención sanitaria en el estado plantea así un desafío central para las autoridades: convertir los recursos públicos en servicios efectivos, con especial atención a las familias en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Los señalamientos del legislador abren también la necesidad de revisar los indicadores, las denuncias y la respuesta institucional para dimensionar el alcance de las deficiencias y determinar qué medidas deben adoptarse para garantizar el derecho a la salud.
