Ordenan inspecciones ambientales en granjas porcícolas tras amparo de comunidades mayas
Mérida, Yucatán, 31 de julio de 2026.- La Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya informó que un juzgado federal concedió una suspensión definitiva a comunidades mayas de Yucatán para que autoridades ambientales realicen inspecciones y supervisiones en granjas porcícolas señaladas por presuntas afectaciones al medio ambiente y a la salud, como parte del juicio de amparo 1111/2026.
De acuerdo con la organización, la resolución fue emitida dentro del recurso promovido por habitantes de Kinchil, San Rafael, Santa Teresa Coahuila y Paraíso, en el municipio de Maxcanú; Chocholá, y Santa María Chi, comisaría de Mérida, quienes impugnaron el Convenio Específico de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno de Yucatán.
La Red señaló que los promoventes argumentaron que dicho convenio fue firmado sin un proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, además de denunciar omisiones de las autoridades para atender quejas relacionadas con el funcionamiento de diversas granjas porcícolas.
Con la suspensión definitiva, explicó la organización, la jueza ordenó que las dependencias responsables efectúen inspecciones, supervisiones y visitas técnicas para verificar que las unidades de producción cumplan con la normatividad ambiental vigente.
La resolución establece que, si durante las revisiones se detectan incumplimientos, las autoridades deberán ejercer las facultades que les confiere la ley para proteger el medio ambiente y la salud pública, además de informar al juzgado sobre las acciones emprendidas y las medidas correctivas o sancionatorias aplicadas.
Las comunidades sostienen que el convenio impugnado genera efectos directos sobre sus territorios y derechos colectivos, por lo que consideran que debió someterse a un procedimiento de consulta indígena conforme a los estándares establecidos en la legislación nacional y en instrumentos internacionales.
También argumentan que, pese a las denuncias presentadas por posibles impactos derivados de la actividad porcícola, las inspecciones oficiales no se realizaron con la oportunidad necesaria para atender los riesgos señalados.
La Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya añadió que el juicio cuenta con el acompañamiento jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), cuyos abogados representan a las comunidades promoventes.
Finalmente, indicó que las comunidades consideran esta resolución un avance para la protección de sus derechos al agua, a un medio ambiente sano, a la salud y a la participación en las decisiones públicas relacionadas con sus territorios, mientras continúa el análisis de fondo del amparo.
