PRI propone atención inmediata a mujeres víctimas de violencia en Yucatán
Mérida, Yucatán, 8 de octubre de 2026.— Con el objetivo de facilitar el acceso a la protección y evitar que las mujeres víctimas de violencia enfrenten obstáculos burocráticos al solicitar ayuda, el diputado Gaspar Quintal Parra, presidente estatal del PRI, presentó ante el Congreso de Yucatán una iniciativa para incorporar el derecho a la canalización asistida y garantizar la continuidad de la atención.
La propuesta busca que las instituciones públicas no se limiten a proporcionar direcciones o números telefónicos, sino que asuman la responsabilidad de contactar a las áreas correspondientes, gestionar citas y dar seguimiento hasta confirmar que las mujeres recibieron la atención requerida.
Al presentar la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el legislador sostuvo que ninguna mujer debe encontrarse con puertas cerradas cuando busca protección.
La propuesta cobra relevancia ante las cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), del INEGI, citadas por el PRI. De acuerdo con estos datos, el 71.4% de las mujeres de 15 años y más en Yucatán ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Además, en los casos de violencia ocurrida en el ámbito comunitario, el 91.9% de las mujeres no denunció ni solicitó ayuda, mientras que en el ámbito familiar esta proporción alcanzó el 87.7%. Entre los factores que dificultan la búsqueda de apoyo se encuentran el temor a las consecuencias y la desconfianza en las instituciones.
Quintal Parra señaló que, después de vivir situaciones de miedo o amenazas, pedir ayuda puede representar un esfuerzo considerable. Por ello, consideró necesario que las autoridades ofrezcan una ruta de atención clara y coordinada, sin trasladar a las víctimas la responsabilidad de encontrar por sí mismas a la institución que pueda auxiliarlas.
¿Qué contempla la iniciativa?
La propuesta, impulsada por la representación del PRI en coordinación con el Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI), encabezado por Diana Molina, plantea establecer obligaciones para las instituciones públicas estatales, municipales y los organismos autónomos.
Entre las medidas incluidas destaca la canalización directa y con seguimiento, para que la primera institución que atienda a una mujer gestione el contacto con el área competente y verifique que la atención se haya concretado.
También contempla evitar la revictimización mediante la prohibición de solicitar que las mujeres repitan innecesariamente su relato. Para ello, se plantea compartir únicamente los datos indispensables y utilizar canales seguros para proteger su información personal.
Otro punto es mejorar el acceso a los servicios para mujeres que enfrentan barreras de comunicación o dificultades para trasladarse. La iniciativa incluye apoyos como intérpretes de lengua maya, atención en Lengua de Señas Mexicana, formatos accesibles y alternativas de traslado seguro cuando la distancia o la falta de transporte impidan recibir ayuda.
Asimismo, establece que la atención urgente y la canalización no deberán condicionarse a la presentación previa de una denuncia penal ni al cumplimiento de trámites burocráticos.
Finalmente, la propuesta prevé designar enlaces institucionales, establecer plazos de respuesta y realizar evaluaciones periódicas a cargo de la Secretaría de las Mujeres, con el propósito de identificar fallas y mejorar la coordinación entre las dependencias.
Con esta iniciativa, el PRI busca que las mujeres en situación de violencia encuentren una respuesta institucional coordinada y que solicitar protección no se convierta en un nuevo obstáculo para quienes necesitan ayuda.
