Sayda Rodríguez se deslinda de los permisos de Las Dunas
Mérida, Yucatán, a 5 de agosto de 2026.— La diputada local Sayda Rodríguez Gómez rechazó que durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) se hayan otorgado los permisos para el proyecto inmobiliario Las Dunas, en Chuburná Puerto, y afirmó que la autorización corresponde a la actual administración estatal y federal.
Ante los señalamientos surgidos tras la clausura temporal total impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la legisladora sostuvo que el permiso del desarrollo es de competencia federal y que la participación de la dependencia estatal se limitó a una consulta técnica dentro del procedimiento.
“Presuntamente”, respondió al referirse a los señalamientos en su contra, y pidió que se conozca no solamente la autorización, sino todo el proceso que siguió el proyecto.
La exfuncionaria estatal afirmó que desconoce el expediente específico de Las Dunas, pero consideró que la autorización fue emitida durante la actual administración.
“Yo supongo, porque desconozco precisamente la autorización extendida, que la autorización fue dada en esta administración”, declaró.
Rodríguez Gómez explicó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable fue consultada dentro del proceso y que la respuesta de la dependencia fue que el proyecto se encontraba dentro de los programas de ordenamiento vigentes.
Sin embargo, evitó emitir una postura sobre la viabilidad ambiental del desarrollo al señalar que no conoce el proyecto a detalle ni ha acudido al sitio.
“No he ido al sitio, tampoco por fotos vale la pena generar una opinión. Hay que estar en el sitio y conocerlo para poder evaluar”, señaló.
Al ser cuestionada sobre los señalamientos de la Profepa, que tras inspecciones detectó afectaciones a flora protegida, incumplimientos de condicionantes ambientales y forestales, así como irregularidades en el manejo de residuos derivados del desmonte, la diputada insistió en que no cuenta con todos los elementos para fijar una postura.
“Todo lo que les voy a externar hoy es una opinión sin ningún elemento de información correspondiente”, dijo.
La legisladora también afirmó tener “la conciencia muy tranquila” y pidió esperar a contar con mayor información antes de determinar responsabilidades.
El caso de Las Dunas mantiene abierta la discusión pública sobre la cadena de autorizaciones que permitió el avance del proyecto, luego de que la Profepa colocó sellos de clausura temporal total al detectar posibles afectaciones al ecosistema de dunas costeras.
Aunque las autorizaciones finales corresponden a distintas instancias, organizaciones ciudadanas y habitantes de Chuburná Puerto han cuestionado el proceso previo que permitió la aprobación del desarrollo, incluida la planeación y ordenamientos que regulan el uso del territorio costero.
